La palabra "sin precedentes" se ha utilizado mucho en los últimos tiempos, y ciertamente es precisa para describir la situación de las sanciones que se está desarrollando en este momento. Las recientes sanciones contra Rusia constituyen un desafío de cumplimiento histórico que no da señales de terminar pronto.
Estamos observando un amplio espectro de medidas restrictivas que se están empleando a toda velocidad; en un momento dado, los reguladores estaban actualizando la lista de sanciones casi cada hora. Desde el comienzo del conflicto, el 24 de febrero, los principales reguladores han seguido publicando actualizaciones importantes.
Si se observan los datos de tres de los principales reguladores, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Unión Europea (UE) y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI), solo entre el 21 y el 28 de febrero se añadieron 677 designaciones relacionadas con Rusia y Bielorrusia, seguidas de otras 1677 designaciones en marzo. Esto se compara con las 549 adiciones netas de estos tres reguladores a lo largo del 2021.
Las sanciones financieras no son las únicas restricciones impuestas a empresas e individuos de Rusia. También estamos observando sanciones sectoriales, controles de exportación, embargos, prohibiciones de difusión de noticias, restricciones de visado y de viajes, y la prohibición de varios bancos rusos y bielorrusos de prestar servicios de mensajería financiera. Estas restricciones se están imponiendo a una velocidad extraordinaria y además se aplican contra un importante miembro mundial y permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una situación sin precedentes políticos. El país, su jefe de estado y numerosos funcionarios del gobierno han sido objeto de estrictas medidas restrictivas, junto con rigurosas sanciones financieras y comerciales impuestas a importantes empresas rusas y sectores económicos estratégicos. Recientemente, las sanciones se extendieron a los miembros de la familia de Putin y a otros dos grandes bancos rusos.
Aunque las manos de las Naciones Unidas (ONU) están atadas hasta cierto punto, hemos visto la reacción global de la comunidad internacional y de muchos de sus miembros. En una inusual sesión de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 141 países exigieron a Rusia que pusiera fin de inmediato a sus operaciones militares en Ucrania (Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Siria y Corea del Norte fueron los únicos miembros que se opusieron). Sin embargo, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas no es vinculante y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no podía llegar a un consenso para imponer sanciones sin el acuerdo de todos los miembros permanentes. En su lugar, hemos visto que varios países de todo el mundo, empezando por la UE, Estados Unidos y el Reino Unido, seguidos por Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Japón, Corea del Sur, Noruega y otros, aplican un conjunto de medidas de sanciones coordinadas. Este esfuerzo conjunto pretende aumentar la presión sobre el gobierno ruso, con la esperanza de poner fin al conflicto.
Sin embargo, cualquiera que espere una conclusión rápida y sin sobresaltos podría tener que ajustar su forma de pensar. Hasta el día de hoy, la historia sugiere que las sanciones se impongan rápidamente y se eliminen lentamente. Incluso cuando se levantan, suelen dejar huellas de su presencia. Además, las sanciones de amplio alcance, como las que estamos viendo actualmente, tienen un impacto no solo en la entidad sancionada, sino también en quienes las emiten. Como resultado de las sanciones impuestas y previstas sobre los combustibles fósiles y los recursos naturales rusos (y la especulación en torno a los futuros suministros), los precios de estos artículos han incrementado en todo el mundo, lo que afecta considerablemente a los consumidores de los países sancionadores. Más allá de los mercados de energía, los expertos también advierten una inminente crisis alimentaria internacional debido a la magnitud de la producción de trigo y fertilizantes en Ucrania y Rusia, respectivamente. El impacto de este conflicto europeo es global y tendrá un efecto considerable en el comercio y la economía mundial, y es probable que las cadenas de suministro y las relaciones internacionales se vean interrumpidas a largo plazo.
Nadie puede predecir cómo se desarrollarán los próximos meses, pero la velocidad y la amplitud de la actividad reguladora en relación con la situación en Ucrania ya ha dado lugar a una tormenta perfecta de sanciones: se implementaron prácticamente todas las tipologías de sanciones para restringir los tratos con determinadas personas, empresas, aviones, embarcaciones, artículos o lugares.
Mientras que los gobiernos imponen estas sanciones y restricciones para cumplir con ciertos objetivos de política exterior, la responsabilidad de cumplirlas recae en las empresas privadas, lo que genera enormes desafíos de cumplimiento. Los datos de LexisNexis® Risk Solutions se actualizan a diario y proporcionan una cobertura global de las principales sanciones e imposiciones, y nuestras soluciones de detección señalan con precisión las posibles violaciones de las sanciones, sin ralentizar el negocio. Comuníquese con uno de nuestros expertos para obtener información sobre cómo podemos ayudarle a navegar por el panorama normativo actual en rápida evolución.