Se estima que el costo global anual del soborno y la corrupción asciende a 3,6 billones de dólares.1 Quizás le sorprenda saber que esta impresionante cifra desempeña un papel importante en el éxito sostenible de su negocio. ¿Dónde encaja la prevención del soborno y la corrupción dentro de una estrategia que protege su negocio y la reputación de su marca? Este artículo analiza cómo la corrupción está afectando a la región EMEA, los desarrollos regulatorios recientes y cómo optimizar su programa contra el soborno y la corrupción, mientras prioriza los objetivos empresariales fundamentales.
El recién publicado Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2024 de Transparencia Internacional revela niveles crecientes de corrupción en todo el mundo, con más de dos tercios de los países obteniendo una puntuación inferior a 50 sobre 100.2 El promedio regional del CPI para Europa Occidental y la Unión Europea (UE) ha caído por segundo año consecutivo, situándose en 64 sobre 100.3 Solo 6 de los 31 países evaluados en esta región han mostrado mejoras en sus puntuaciones, mientras que economías importantes como Alemania (puntuación CPI: 75) y Francia (puntuación CPI: 67) registraron descensos.5 Los países con las puntuaciones más bajas en la UE y Europa Occidental incluyen Malta (puntuación CPI: 46), Rumanía (puntuación CPI: 46), Bulgaria (puntuación CPI: 43) y Hungría (puntuación CPI: 41).5
El panorama también es desalentador para la región de Medio Oriente y África del Norte dentro de EMEA, ya que los datos del CPI indican que la corrupción sigue profundamente arraigada. El puntaje promedio de esta zona aumentó apenas un punto, situándose en 39 sobre 100, muy por debajo del promedio global de 43.6 Las puntuaciones en esta área geográfica reflejan estrechamente la trayectoria económica de la región. Las puntuaciones más altas se observan en economías desarrolladas como Emiratos Árabes Unidos (puntuación CPI: 68), Catar (puntuación CPI: 59), Arabia Saudita (puntuación CPI: 59), seguidas por Baréin (puntuación CPI: 53), Kuwait (puntuación CPI: 46), Sudáfrica (puntuación CPI: 41), Marruecos (puntuación CPI: 37) y Túnez (puntuación CPI: 39), y descienden marcadamente en Irak (puntuación CPI: 26), Libia (puntuación CPI: 13) y Siria (puntuación CPI: 12).7
La raíz de la corrupción radica en funcionarios gubernamentales y políticos que eluden la integridad democrática y los estándares éticos que normalmente guían el comercio justo, buscando su propio beneficio personal. El soborno y la corrupción suelen ser delitos facilitadores que abren la puerta a otros crímenes como la trata de personas y fauna silvestre, el narcotráfico, el daño climático, el comercio de armas y el contrabando. El soborno y la corrupción no controlados afectan negativamente la integridad del mercado y la competencia justa, además de impactar la viabilidad de las cadenas de suministro y canales de distribución globales. Estos problemas se agravan en regiones con mayor disparidad económica, donde las consecuencias sobre la sociedad, la seguridad y la protección climática son aún más severas.
La aplicación desigual de las leyes contra el soborno y la corrupción y las sanciones correspondientes en la región EMEA, y a nivel global, reduce el incentivo para que las empresas mantengan programas sólidos de prevención del soborno y la corrupción. La Unión Europea aún está evaluando actualizaciones al Marco de Normas Anticorrupción de la UE, cuyo objetivo es fortalecer las regulaciones existentes armonizando mejor las expectativas regulatorias sobre la corrupción en los sectores público y privado, todo dentro de un solo instrumento legal que pueda aplicarse de manera coherente en todos los Estados miembros. Este marco actualizado aún se encuentra en proceso de finalización, con el objetivo de establecer una norma regulatoria en la UE que imponga sanciones por diversas actividades relacionadas con la corrupción, como el soborno y el abuso de funciones, e incluya la responsabilidad penal tanto para individuos como para empresas.
La posibilidad de una aplicación firme y coordinada de las leyes contra el soborno y la corrupción incentiva a las empresas a evitar el daño reputacional y los gastos que conllevan las sanciones por soborno y corrupción. Casos recientes de alto perfil con sanciones por $3.9 mil millones7, $124 millones y $98 millones8 destacan la fuerza de un entorno de aplicación rigurosa. La reciente decisión de Estados Unidos de imponer una pausa de 180 días en el inicio de nuevas investigaciones o acciones de cumplimiento bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés)8 añade otra capa de incertidumbre a un entorno regulatorio global ya de por sí complejo, y podría debilitar involuntariamente el compromiso de las empresas con el cumplimiento de las normas contra el soborno y la corrupción.
Este estado de “trabajo en progreso” en las regulaciones contra el soborno y la corrupción deja a las empresas en un limbo. Las organizaciones están obligadas a cumplir —o enfrentarse a sanciones— conforme a regulaciones contra el soborno y la corrupción ya establecidas, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Ley contra el Soborno del Reino Unido y la Ley Sapin II de Francia. Al mismo tiempo, esas mismas empresas deben operar y establecer políticas y procesos internos de cumplimiento contra el soborno y la corrupción sin contar con expectativas regulatorias claras y coherentes a nivel regional y global.
Las empresas suelen enfrentarse a un doble golpe cuando ocurren casos de soborno y corrupción. Primero vienen los costos derivados de sanciones regulatorias, acciones judiciales, responsabilidades personales y actividades obligatorias de remediación. Además, una empresa debe gestionar las interrupciones en la cadena de suministro y las operaciones, la pérdida de afinidad con la marca y la erosión de la confianza de inversionistas, empleados y consumidores. Estos costos directos e indirectos pueden causar daños reputacionales e impactos de rendimiento a largo plazo. El estado actual y cambiante del entorno regulatorio contra el soborno y la corrupción no suele ser una consideración para clientes ni accionistas: ellos esperan que la rendición de cuentas corporativa y una ciudadanía global responsable ya sean parte integral de la cultura de su empresa.
Es imperativo implementar un programa eficaz contra el soborno y la corrupción, incluso cuando el entorno regulatorio esté en evolución. Comprometerse con una cultura basada en altos niveles de transparencia y responsabilidad en toda la empresa y en las cadenas de suministro globales es el primer paso. Establecer, revisar periódicamente y actualizar los programas y capacitaciones de cumplimiento contra el soborno y la corrupción ayuda a posicionar a su empresa para adaptarse conforme evolucionen las expectativas regulatorias.
Comprender verdaderamente el riesgo en tiempo real relacionado con personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones dentro de las relaciones con clientes, proveedores y terceros es el núcleo de una estrategia eficaz contra el soborno y la corrupción. Este esfuerzo comienza con flujos de trabajo definidos de evaluación y monitoreo de riesgos diseñados para complementar las operaciones comerciales centrales. Puede aumentar la visibilidad de la cadena de suministro y la eficiencia en la toma de decisiones eligiendo soluciones que lo conecten con inteligencia global continuamente actualizada y que automaticen la evaluación basada en riesgos ante posibles exposiciones a:
Un programa contra el soborno y la corrupción que respalde decisiones bien fundamentadas sin generar demoras por falsos positivos ni investigaciones prolongadas ayuda a prevenir la exposición al riesgo de soborno y corrupción, mientras sigue priorizando las operaciones comerciales esenciales.
Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 indican que el soborno y la corrupción siguen presentes en niveles inaceptables en la región EMEA, con impactos sistémicos en la estabilidad económica, la seguridad regional y la salud ambiental. La ausencia de una regulación y aplicación estandarizadas contra el soborno y la corrupción en la región, combinada con señales regulatorias recientes desde Estados Unidos, deja a las empresas en una encrucijada regulatoria incierta, aunque aún sujetas al mandato global de evitar la exposición al riesgo de soborno y corrupción. Actuar ahora para establecer o reforzar su programa contra el soborno y la corrupción puede generar beneficios sostenibles al mantener su empresa preparada y bien posicionada mientras el entorno regulatorio en EMEA sigue evolucionando.
Conozca más sobre cómo podemos ayudarle a fortalecer su programa contra el soborno y la corrupción.
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